Despedidos y sin derechos

Conflicto en la ex Criave 01 de septiembre de 2018 Por
Cobrarán un seguro de desempleo del Estado por casi 3 mil pesos y parte de los trabajadores despedidos 12.500 pesos. La boleta de la luz alcanza a los 1500 o 2 mil pesos, la del gas cuatro mil. En el país en el que vivimos los trabajadores se quedaron sin derecho a nada. Despedidos y desprotegidos. Con deudas y en medio de una economía destruida.

  Los despedidos de la ex Criave rondan las 300 personas, 233 en la planta de faena, 30 en el Molino, más las familias de la planta de Incubadora (sin un centavo desde el primer día del conflicto) y trabajadores de granjas pertenecientes a la empresa.

  En medio de la quiebra, no tienen a quién reclamarle nada. Los trabajadores del Molino lograron un acuerdo con los dueños y 10 de ellos, con posibilidades a sumar más trabajadores volvieron a poner en marcha las instalaciones de Acceso Pedro Gutiérrez. Fueron escuchados, pudieron plantearle sus exigencias a Diego Perea en al menos tres reuniones, le dejaron los puntos en claro a los nuevos empresarios y recibieron una suma de dinero. El logro, se basó en la unidad de los trabajadores, en la apertura para recibir acompañamiento legal propio y no abandonar la lucha.

  En la planta de faena la historia fue y es diferente, es cruel. En la soledad más extrema, los trabajadores fueron pasando por una oficina donde una administrativa, sola, con papel y regla en mano, fue diciendo quién quedaba y quién era despedido. Solos en el medio de la nada, solos cuando sentís que se termina el mundo, solos sin derecho a nada.

  Solas 233 personas lloraron en silencio, se preguntaron por qué y se fueron a sus hogares. Nadie encuentra respuestas y nadie se las da.  

  No tienen a quién preguntarle por qué fueron despedidos. Pero además, los nuevos empresarios consideran que no tienen por qué dar respuestas porque ellos no son los que se fundieron, los que quebraron, ni eran empleados suyos. De manera que como dijo un trabajador en la reunión ante los concejales: les abrimos las puertas para que entren y ahora ellos nos despiden.

  Los nuevos empresarios, sin intervención del gremio de los trabajadores, sin consultar en el municipio para que proteja desde la ayuda social al menos a los posibles despedidos, tomó arbitrariamente una decisión que retrotrae a la sociedad a los años donde el trabajador no tenía derecho a nada.

  Familias enteras de despedidos, sin tener la mínima consideración de que al menos uno quede como sostén, madres con hijos, padres con niños que padecen una enfermedad que requiere de la obra social. No se tomaron ni un minuto para ver quiénes eran los despedidos, ni qué antigüedad tenían en la empresa. O quizá si se tomaron el minuto y despidieron con el criterio de empresario, de esos empresarios a los que les importan ciertas cosas que nada tienen que ver con el derecho básico de los personas.

  Esos derechos que son trabajar, poder alimentarse, vestirse y tener una vida digna, no está en la conciencia empresarial de estos sujetos que se hicieron cargo de la planta.

  Se consideran ser salvadores de los trabajadores, “los que vienen para hacer un favor” y resulta que ahí está el favor, 233 personas en la calle.

    Despedidos y sin derechos, 233 personas se volvieron a su casa, no saben a quién pedirle ayuda, cómo hacer frente a la injusticia, y como si eso fuera poco, hay quienes desde adentro mismo de la planta parecieran defender a los empresarios. Los trabajadores desunidos como mostraron estar siempre, no acompañan en el reclamo a los despedidos. Tienen miedo quizá. No quieren quedar afuera lógicamente. Pero al parecer con estos empresarios no se sabe quién seguirá ahí adentro ni cuándo habrá nuevos despedidos, porque las reglas que muestran no son claras, porque no tienen un proyecto claro de empresa, ni se sabe sobre sus expectativas laborales.  

  A los trabajadores despedidos, a los que hoy lloran en la soledad más inmensa de sus vidas, que se sienten pequeños y derrotados, los únicos que los puede salvar es el Juez de la causa, el Juez de la quiebra, que puede barajar y dar de nuevo. Generar que una empresa seria y responsable se haga cargo de esas instalaciones.

  El Gobierno nacional da la espalda a los despedidos, no sólo en Roque Pérez sino en todo el país, la migaja que ofrece son tres mil pesos por un lapso de meses y para algunos 12500 pesos que lo anuncian como un logro. El logro, hubiera sido no abrirle las puertas a Absolon, no acortarles el camino, no permitirles que hagan este desastre.

  Sería bueno que la comunidad demuestre que siente bronca por lo que hicieron con nuestros vecinos y salga a respaldar su lucha.

  Acompañemos a los trabajadores despedidos y a los que quedaron en la planta, sin derechos, en negro, cobrando una miseria y sin garantías de continuidad.